Por Juan Carlos Bircann

Como premisa fundamental debo establecer que estoy de acuerdo con el registro de lugares y personas…siempre que exista “causa probable”, es decir, una “sospecha razonable” de que X persona oculta entre sus ropas o pertenencias algún objeto relacionado con una infracción. Ese es el mandato de los Arts. 175 y 176 del Código Procesal Penal. A estos debemos sumar la legalidad del arresto sin necesidad de orden judicial previa, como establece el Art. 224 del mismo código (las causales son: flagrancia, evasión de un establecimiento penal y el hallazgo de objetos que lo vinculen, razonablemente, a una infracción).

Esto último, como recordarán los que ejercieron bastante con el viejo Código de Procedimiento Criminal (hasta 2004) fue una creación jurisprudencial que venía a “tumbar” la acción de Habeas Corpus por prisión ilegal, asimilando dicho hallazgo a la flagrancia. Hoy esta jurisprudencia está consagrada en la ley.

Es razonable que se realicen operaciones de registro. De hecho, es frecuente el hallazgo de armas, drogas, etc., que se traducen en sometimientos judiciales tras hacerse las comprobaciones de lugar, y que se consignan en actas, que servirán para sustentar posteriormente una acusación.

Hasta aquí todo marcha bien, conforme a las leyes y a la Constitución, que impone límites a los derechos fundamentales (no hay derechos absolutos). Aquel que es objeto de un registro y está “limpio” no tiene problema, y puede seguir su camino. Aquel a quien se le ocupó algún objeto relacionado con un hecho punible, y, por tanto, en estado de flagrancia, quedará detenido y deberá ser presentado a la autoridad competente (MP). 

El problema surge cuando la Policía utiliza este mecanismo como una forma de EXTORSIÓN al ciudadano. Detienen aleatoriamente a un grupo de personas, los revisan y comprueban que todo está en regla, incluyendo sus documentos de identidad, pero de todas maneras los hacen subir a la cama de una camioneta para “depurarlos” más tarde.

Esta es una práctica abusiva y aberrante que debió desaparecer con los nuevos paradigmas impuestos con el cambio de legislación. Sin embargo, vemos que, aunque ha disminuido algo, se sigue realizando.

El Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la República, quien, junto al Consejo Superior del MP coordina la Política Criminal del Estado, debe exigir el cese inmediato de esta práctica, que es caldo de cultivo para la extorsión y la corrupción policial. 

Todo el que cruza regularmente frente a un cuartel habrá visto cómo se agrupan familiares y relacionados de detenidos en redadas a la espera de que “le den salida” a éstos. Una salida producto de una “entrada” arbitraria, ya que a estas personas no se les ha ocupado nada comprometedor y sobre ellas no pesa alguna orden de arresto (prófugos, rebeldes). Mientras pasan las horas se produce el acercamiento entre familiares de detenidos y agentes policiales, y la mano generosa hace su trabajo. 

Urge acabar con esta práctica, que lesiona la ya endeble imagen de las autoridades del orden. No es secreto que el ciudadano tiene poca confianza en la policía según se desprende de encuestas calificadas (una Gallup y otra de estudiantes de maestría PUCMM, con idénticos resultados: 65% no confía en la PN).

Las redadas bien gestionadas, estructuradas y organizadas en base a “información procesada” (inteligencia, mapas de delitos, patrones) constituyen una herramienta adecuada de política criminal. Pero el trabajo chapucero, como el de detener a gente en paradas de guaguas en horas de la madrugada, carnet visible, nada en las manos ni en actitud evasiva, que se moviliza a su lugar de trabajo, es victimizar al ciudadano.

Lo mismo para patrulleros que rondan en áreas de negocios de comida/bebida. No bien hacen acto de presencia, centella encendida, cuando sale el encargado del lugar a “saludar” con el puño cerrado, como si llevara algo dentro del mismo. Mientras se mantengan estos esquemas no hay nada que buscar en estructurar una política eficiente.

Mientras tanto, partiendo de la Teoría del Etiquetamiento (Labelling Approach) veremos a sectores cada vez más victimizados por el control social y su comportamiento selectivo, lo que tiene gran impacto en los sujetos sobre los cuales actúa. Y eso resta credibilidad al sistema.

En resumen: no estamos en contra de las redadas. El que es objeto de un registro y se le ocupa algo que lo pueda vincular a un delito, que asuma las consecuencias; pero que se prohíba a policías buscavidas detener a personas a quienes nada se le ocupa y sobre las que no existe orden de captura (rebeldes, prófugos) con la excusa de “depurarlos” en la base o en un cuartel, a la espera de que estos o sus familiares, desesperados, para resolver su situación y conociendo los hierros de la carreta social, hagan ofertas para obtener su libertad. La Policía Nacional debe seguir siendo depurada. Costará tiempo, pero con algo se comienza.

El autor es procurador general de la Corte de Apelación de Santiago