El embargo sobrepasa los dos mil millones de dólares

EL SALVADOR. La Fiscalía General de la República pidió el lunes embargo por más de dos mil millones de dólares para nueve ex-funcionarios de gobierno acusados de actos de corrupción para beneficiar a una empresa extranjera para la explotación geotérmica en El Salvador.

La Fiscalía entregó la solicitud después que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador le ordenó establecer el monto total del reclamo civil y se proceda "al embargo preventivo" para continuar el juicio.

De los más de dos mil millones de dólares, se pide que se embarguen 37,9 millones de dólares a Guillermo Sol Bang, ex presidente de la estatal Comisión Ejecutiva del Río Lempa, encargada de los recursos hidroeléctricos del país, acusado de peculado en las negociaciones y suscripción de contratos con la empresa italiana Enel Green Power. La Fiscalía pide que se embargue con la misma cantidad al exministro de Economía Miguel Lacayo.

Lacayo, que fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Francisco Flores (1999-2004), está acusado de instigación al peculado. También pide que se haga efectivo un embargo por 948,3 millones de dólares a cada una de las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A de C.V.

A Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker les impondrán un embargo de 15,1 millones de dólares. A los imputados José Ricardo Palomo Déneke y José Vicente Machado Calderón se les impondrá un embargo de 8,4 millones de dólares. Según la Fiscalía, en las negociaciones con la empresa italiana hubo un perjuicio económico para el Estado de casi 2.000 millones de dólares.

Durante la administración de Flores en 2002, Enel suscribió un contrato con la CEL que le permitía obtener una mayor participación accionaria en LaGeo, una subsidiaria de la Comisión, a medida que inyectara inversión al país.

El contrato establece que la empresa extranjera tiene derecho a que sus inversiones se conviertan en acciones, lo que deja abiertas las puertas para que Enel se transforme en socio mayoritario de LaGeo. El presidente Mauricio Funes se opuso a las pretensiones de Enel, alegando que de esa manera los italianos tendrían el control de la producción geotérmica.

Funes alegó que "la energía geotérmica es una riqueza nacional y como tal es patrimonio del Estado, patrimonio de todos los salvadoreños, y no podemos permitir que sea explote y que la mayor parte de las utilidades se las lleve una empresa extranjera".

Con los 120 millones de dólares que pretendía invertir, Enel tomaría el control de LaGeo, que en 2012 obtuvo ganancias por 140 millones de dólares. Enel demandó al gobierno salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, instancia del Banco Mundial, para que se cumpla el contrato que la Fiscalía salvadoreña investiga.